Carlos de Pérez denuncia violaciones a derechos fundamentales en decisiones judiciales en La Romana

La Romana.- El diputado por la provincia La Romana del partido Fuerza del Pueblo (FP), Carlos de Pérez, denunció este jueves una serie de irregularidades en la administración de justicia en esta jurisdicción, las cuales, según afirmó, atentan contra los derechos fundamentales de personas imputadas en distintos procesos penales.

Durante una rueda de prensa, el legislador expresó preocupación por lo que calificó como un patrón sistemático por parte de algunos jueces locales, quienes estarían imponiendo medidas de coerción de prisión “provisional” sin que existan acusaciones formales que justifiquen tal decisión ni elementos de prueba suficientes.

“El principio de presunción de inocencia está siendo violentado en nuestra provincia”, afirmó De Pérez, quien también es abogado en ejercicio. “Estamos viendo cómo se dicta prisión preventiva sin causa justificada, lo que representa una clara arbitrariedad”.

Asimismo, el diputado acusó al Ministerio Público de desacatar órdenes de libertad emitidas por jueces, alegando que fiscales han mantenido a ciudadanos detenidos a pesar de existir decisiones judiciales a favor de su liberación.

Según explicó, en algunos casos, se ha recurrido a esta práctica como medio de presión para forzar la entrega de familiares buscados por la justicia.

Frente a estos señalamientos, Carlos de Pérez solicitó una investigación formal a la procuradora general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a fin de esclarecer y frenar estas actuaciones que, según sostuvo, se presentan de manera reiterada en La Romana.

“Estas decisiones arbitrarias, tomadas sin la debida atención, están coartando la libertad de ciudadanos que enfrentan procesos judiciales, incluyendo varios de mis representados”, agregó el congresista.

El llamado del legislador ha generado atención en distintos sectores del ámbito jurídico local, quienes coinciden en la necesidad de garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales en todos los niveles del sistema judicial.