Denuncian “atropello pseudojurídico” que mantiene paralizado proyecto de 400 viviendas y afecta a cientos de familias

La Romana.- Decenas de compradores y copropietarios de un proyecto habitacional de 400 viviendas denunciaron este martes un “atropello pseudojurídico” que mantiene paralizada la entrega de sus hogares, pese a que muchos ya los tienen totalmente pagados.

La situación ha dejado en incertidumbre a cientos de familias que esperaban mudarse, así como a empleados, obreros y suplidores que hoy atraviesan una grave crisis laboral por la detención del proyecto.

Los afectados aseguran que una serie de acciones judiciales “abusivas e improcedentes” arrastró injustamente a la empresa Inmobiliaria Don Juan, S.R.L. a un litigio privado del cual no forma parte.

Señalan que dichas maniobras legales han sido calificadas por varios tribunales como temerarias, incluyendo una reciente decisión en la que la abogada Mariel León Lebrón —junto a miembros de su equipo— fue declarada litigante temeraria por utilizar medidas sin fundamento para bloquear la operatividad de la compañía.

Entre las familias perjudicadas hay maestros, empleados públicos y privados, pequeños comerciantes y profesionales que ya han pagado iniciales, gestionado préstamos y asumido compromisos financieros.

Muchos continúan pagando alquileres o intereses bancarios mientras esperan la entrega de las viviendas que debieron ser entregadas meses atrás.

El abogado de la empresa, Dionisio Ortiz, explicó que Inmobiliaria Don Juan fue incluida de manera irregular en un proceso de separación de bienes, pese a que el demandado no es socio directo y a que los inmuebles pertenecen a la familia materna desde hace más de cien años.

“La ley es clara: las herencias no entran en el patrimonio común del matrimonio”, afirmó.

Tres instancias judiciales —incluyendo la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional y la Corte de Apelación— han ratificado la independencia patrimonial de la empresa y han rechazado los intentos de vincularla al litigio conyugal.

Entre las víctimas, varios compradores describieron el daño emocional y económico que enfrentan. “Solo queremos nuestra casa. No somos culpables de este conflicto”, expresó una adquiriente.

Las copropietarias del proyecto, Coral Llaneza y Clarisa Gil Battle, hicieron un llamado a la justicia para que permita la entrega de las viviendas. “Lo justo es honrar los compromisos con estas familias y poner fin al bloqueo”, manifestaron.