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Diputado Carlos De Pérez pide “máxima cautela” en estudio de reformas al Código Procesal Penal remitidas por el Senado

  • Writer: Serie 26 La Romana
    Serie 26 La Romana
  • Nov 20
  • 2 min read
Diputado Carlos De Pérez pide “máxima cautela” en estudio de reformas al Código Procesal Penal remitidas por el Senado

La Romana.- El diputado por la provincia de La Romana y miembro del partido Fuerza del Pueblo (FP), Carlos De Pérez, solicitó a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados actuar con “la máxima cautela” durante el estudio de las nuevas reformas al Código Procesal Penal (CPP) enviadas por el Senado, advirtiendo que una aprobación apresurada podría generar “consecuencias graves para el Estado de Derecho” en la República Dominicana.


La petición fue realizada a través de una comunicación formal dirigida al diputado Wandy Modesto Batista Gómez, presidente de la Comisión de Justicia.


En la misiva, De Pérez enfatiza la urgencia de atender dos proyectos legislativos relacionados con el CPP, especialmente ante la proximidad de la fecha límite fijada por la Sentencia TC/0766/24 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la anterior Ley 10-15.


El legislador propone que, antes de continuar con el texto senatorial, se proceda a restaurar las disposiciones de la Ley 10-15 mediante una nueva ley ajustada a las sentencias constitucionales vigentes, asegurando así coherencia normativa y estabilidad jurídica.


Siete disposiciones bajo alerta


De Pérez detalla en su comunicación siete disposiciones “preocupantes” incluidas en el proyecto remitido por el Senado. Entre las más críticas menciona:


  • La “Interrupción Indebida de la Prescripción” (Art. 48)

  • La “Extensión Abusiva de la Prisión Preventiva” (Arts. 246 y 377)


El congresista advierte que dichas modificaciones, tal como están planteadas, podrían comprometer garantías fundamentales y afectar la imparcialidad del sistema judicial.


“El texto del Senado presenta serias oportunidades de mejoras, y su aprobación apresurada podría acarrear consecuencias graves para el Estado de Derecho. Nos preocupa, por ejemplo, que se comprometa la imparcialidad judicial al permitir que un juez recusado continúe conociendo un proceso sin una decisión previa de la Corte”, expresó De Pérez en el documento.


Dos rutas de acción y un llamado a un debate amplio


Ante este escenario, el diputado recomienda a la Comisión de Justicia:


  1. Aprobar una ley correctiva que reincorpore las disposiciones de la Ley 10-15 en consonancia con las exigencias constitucionales.

  2. Estudiar a profundidad y sin apresuramiento el proyecto senatorial, realizando las enmiendas necesarias para asegurar una reforma sólida y equilibrada.


Para fortalecer el análisis, De Pérez solicitó la convocatoria de juristas, académicos y actores del sistema de justicia, entre ellos María del Pilar Zuleta, Carlos Balcácer, Eduardo Núñez, Manuel Sierra, Valentín Medrano y Edwin Isaías Grandel Capellán, con el objetivo de aportar conocimientos especializados antes de someter la propuesta a votación.


El diputado concluye que una reforma tan trascendental como la del Código Procesal Penal “no puede ser tratada a la ligera”, y aboga por un proceso legislativo responsable, transparente y orientado a la protección del Estado de Derecho.

 
 
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