¿Parir y ser deportada?: Crece la tensión por trato a extranjeras embarazadas en La Romana

La Romana.- La presencia de mujeres extranjeras en centros de maternidad y acogida en el país continúa disminuyendo, según reportes recientes, como resultado de la estricta aplicación del protocolo de verificación migratoria implementado por las autoridades dominicanas.

Esta situación ha generado preocupación en comunidades locales, especialmente en zonas como La Romana, donde conviven ciudadanos dominicanos y migrantes, principalmente haitianos.

En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en Santo Domingo, una de las de mayor flujo del país, se registró una baja notable tanto de mujeres extranjeras como dominicanas, reflejando un cambio en el comportamiento habitual de asistencia a estos centros de salud.

Mientras tanto, en el Centro de Acogida Vacacional de Haina, la presencia de familiares en busca de información sobre personas detenidas fue mínima este domingo. No obstante, algunos casos específicos han despertado inquietud entre residentes y defensores de derechos humanos.

Uno de estos casos involucra a un joven haitiano herido, presuntamente por un autobús de Migración cuando intentaba evitar ser detenido en La Romana. Según su cuñada, quien hizo la denuncia, el joven fue trasladado a un centro de detención en condiciones preocupantes.

Otro hecho que ha generado alarma ocurrió en el Hospital Regional Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, donde una mujer extranjera busca información sobre su hija, quien dio a luz el pasado viernes. A pesar de tener su documentación en regla, teme por las posibles repercusiones migratorias que pueda enfrentar su familia.

Vecinos en La Romana y San Pedro reconocen que algunas parturientas están recibiendo buena atención médica, pero temen que muchas de ellas, al ser devueltas a su país, lo hagan en condiciones precarias, con recién nacidos en brazos y sin apoyo familiar o institucional.

Residentes locales y organizaciones sociales han calificado como “inhumano” el protocolo migratorio aplicado a embarazadas y mujeres en estado de vulnerabilidad, y piden un enfoque más sensible por parte de las autoridades, especialmente cuando se trata de situaciones médicas delicadas.

La comunidad romanense observa con inquietud el impacto de estas medidas, conscientes de que los derechos humanos deben estar por encima de cualquier política migratoria.